Todos para uno... y uno para todos
Los medios de comunicación siempre fueron una “mina de oro”. Desde sus comienzos, la posesión y el control de estos medios fue muy codiciado. Pero esto no es una cuestión de mero capricho, sino que obedece al poder que los caracteriza: son una excelente vía para expresar las ideas y exponerlas – o imponerlas – ante la sociedad. Entonces, resulta lógico que entre determinadas personas existan pujas por apoderarse de estos instrumentos tan valiosos.
Pero el problema surge cuando esta concentración se produce de manera monopólica, como se observa en la actualidad. Cuando los medios se encuentran en sólo unas pocas manos, ofrecen productos de escasa variedad y consecuentemente, la posibilidad de elección de los receptores se ve reducida. Este hecho, da a luz a una verdad indiscutible: “la concentración de medios en pocas manos atenta contra la pluralidad informativa”. Y esto es altamente nocivo para la comunidad, porque facilita la manipulación de los consumidores.
Para comprender mejor este fenómeno, es necesario analizarlo desde la raíz: la sanción de la ley de radiodifusión (22.285) impulsada por el gobernador de facto Jorge Rafael Videla, en el año 1980, durante la última dictadura militar. Ya desde un principio, con este proyecto se fomentaba el monopolio de los medios de comunicación: primero, establece que cada persona – física o jurídica – puede adquirir hasta 24 licencias de radiodifusión sonora o de televisión, con un máximo de 2 licencias por cada localización. Segundo, permite la propiedad conjunta de licencias de televisión y empresas productoras de señales de contenidos.
Sin embargo, la actual presidente Cristina Fernández decidió acudir al rescate de los medios de comunicación y formuló un proyecto de ley que si bien está destinado a modificar las consideraciones mencionadas, aún no ha sido aprobado. De esta forma, dichas cuestiones quedarían anuladas, ya que uno de los puntos más relevantes de la nueva ley plantea impedir la formación de monopolios y otorgar únicamente hasta 10 licencias de servicios abiertos.
Retornando a la ley 22.285 - aún vigente - debido a que fue sancionada en el contexto de un gobierno de facto, resulta lógico que las disposiciones respondan a los intereses y a la conveniencia de los militares. Esto experimenta su máxima expresión en dos puntos fundamentales. Primero, la administración de las frecuencias y la orientación, promoción y control de los servicios de radiodifusión son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, a la vez que queda prohibido cualquier tipo de control por parte del Congreso de la Nación. Segundo, se restringe la emisión de todo tipo de programas o mensajes de partidismo político.
Por otro lado, el nuevo proyecto de ley impulsado por la presidente también apunta a revertir esta situación, proponiendo así una participación obligatoria del Congreso de la Nación en la regulación de los servicios de comunicación audiovisual, y garantizando además el derecho a la libertad de expresión, a la polifonía de informaciones y opiniones. Es cierto que este último punto suena tentador, aunque a la vez es inevitable que la cuestión de una “polifonía de informaciones” resulte un tanto utópica en el contexto actual.
Pero el problema surge cuando esta concentración se produce de manera monopólica, como se observa en la actualidad. Cuando los medios se encuentran en sólo unas pocas manos, ofrecen productos de escasa variedad y consecuentemente, la posibilidad de elección de los receptores se ve reducida. Este hecho, da a luz a una verdad indiscutible: “la concentración de medios en pocas manos atenta contra la pluralidad informativa”. Y esto es altamente nocivo para la comunidad, porque facilita la manipulación de los consumidores.
Para comprender mejor este fenómeno, es necesario analizarlo desde la raíz: la sanción de la ley de radiodifusión (22.285) impulsada por el gobernador de facto Jorge Rafael Videla, en el año 1980, durante la última dictadura militar. Ya desde un principio, con este proyecto se fomentaba el monopolio de los medios de comunicación: primero, establece que cada persona – física o jurídica – puede adquirir hasta 24 licencias de radiodifusión sonora o de televisión, con un máximo de 2 licencias por cada localización. Segundo, permite la propiedad conjunta de licencias de televisión y empresas productoras de señales de contenidos.
Sin embargo, la actual presidente Cristina Fernández decidió acudir al rescate de los medios de comunicación y formuló un proyecto de ley que si bien está destinado a modificar las consideraciones mencionadas, aún no ha sido aprobado. De esta forma, dichas cuestiones quedarían anuladas, ya que uno de los puntos más relevantes de la nueva ley plantea impedir la formación de monopolios y otorgar únicamente hasta 10 licencias de servicios abiertos.
Retornando a la ley 22.285 - aún vigente - debido a que fue sancionada en el contexto de un gobierno de facto, resulta lógico que las disposiciones respondan a los intereses y a la conveniencia de los militares. Esto experimenta su máxima expresión en dos puntos fundamentales. Primero, la administración de las frecuencias y la orientación, promoción y control de los servicios de radiodifusión son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, a la vez que queda prohibido cualquier tipo de control por parte del Congreso de la Nación. Segundo, se restringe la emisión de todo tipo de programas o mensajes de partidismo político.
Por otro lado, el nuevo proyecto de ley impulsado por la presidente también apunta a revertir esta situación, proponiendo así una participación obligatoria del Congreso de la Nación en la regulación de los servicios de comunicación audiovisual, y garantizando además el derecho a la libertad de expresión, a la polifonía de informaciones y opiniones. Es cierto que este último punto suena tentador, aunque a la vez es inevitable que la cuestión de una “polifonía de informaciones” resulte un tanto utópica en el contexto actual.
En resumen, se puede decir que la ley de radiodifusión sancionada en 1980 durante el gobierno militar dio la bienvenida a la creación de los monopolios mediante los cuales la pluralidad de información se ve cercenada y esto a su vez produce una falta de conocimiento acerca de los diversos sucesos de la realidad. De esta forma, si bien la sociedad cuenta con una multiplicidad de medios de comunicación, paradójicamente se encuentra frente a escasos productos emitidos por ellos, debido a que se encuentran en manos de pocos propietarios.
A simple vista, la implementación del nuevo proyecto pretende proteger esta pluralidad informativa que todos los ciudadanos merecen. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. También hay que analizar si esta disposición en realidad no es tan inocente como se presenta, y responde a algún interés personal del gobierno, porque está históricamente comprobado que cada vez que una autoridad decide modificar una ley, no lo hace en pos del beneficio de la comunidad, sino en beneficio propio. Por eso, es menester aprender a mirar las dos caras de la moneda.
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